icono Preguntas Frecuentes

1.- ¿Quiénes pueden acceder a los servicios de la Defensoría?

Toda persona en forma individual o colectiva puede hacer llegar su caso a la Defensoría del Pueblo. No importa su edad, nacionalidad, sexo, situación personal o cualquier otra circunstancia.

 

2.- ¿Qué es un caso?

Es una solicitud de intervención presentada ante la Defensoría del Pueblo que se registra en nuestro Sistema de Información Defensorial y se tramita conforme a nuestro protocolo de atención.

3.- ¿Cómo se presenta un caso ante la Defensoría?

  • Por escrito o verbalmente, acudiendo a cualquiera de nuestras oficinas en todo el país.
  • Remitiéndolo por correo al apartado postal N° 4403, Lima 1, o a la dirección de cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.
  • Vía Fax, a la oficina más cercana del lugar donde vives.
  • Enviando un correo electrónico a: consulta@defensoria.gob.pe
  • A través del servicio de chat en línea de nuestra página web.
  • Comunicándose por teléfono con la oficina más cercana al lugar donde  vives o gratuitamente al número 0800 -15170.
  • En el local del Ministerio Público (Fiscalía) en los lugares donde aún no hay oficinas de la Defensoría del Pueblo. La Fiscalía se encuentra obligada a recibir y a enviarnos el caso inmediatamente.

 

4.- ¿Cómo se califican los casos en la Defensoría?

Los casos son calificados por los comisionados de la Defensoría pudiendo ser éstos quejas, petitorios o consultas.

 

5.- ¿Qué es una queja?

Es la solicitud presentada por una persona o grupo de personas a la Defensoría del Pueblo en la que se requiere su intervención debido a la vulneración o el peligro de vulneración de un derecho fundamental por parte de una entidad de la Administración Pública o de las empresas prestadoras de servicios públicos.

La atención de la queja tiene como objetivo proteger a las personas, lograr el cese de los actos arbitrarios o negligentes y restituir sus derechos.

 

6.- ¿Qué tipo de diligencias realiza la Defensoría para atender una queja?

Cuando nuestros comisionados reciben un caso, empiezan una tarea destinada a lograr la restitución del derecho.

Las actuaciones defensoriales durante una investigación incluyen la potestad de solicitar información a las autoridades sobre los temas examinados y tener acceso a documentación oficial (incluida judicial), además de llevar a cabo diligencias de inspección y todo aquello que contribuya al acopio de indicios o pruebas que puedan esclarecer la violación de derechos o el incumplimiento de los deberes de función.

 

7.- ¿En cuánto tiempo se tramita una queja?

Una vez admitido el caso se desarrollan un conjunto de gestiones inmediatas con el objetivo de solucionar la queja interpuesta en un período de cinco (5) días hábiles siguientes a su admisión, vencido dicho plazo sin haber obtenido respuesta o habiendo recibido información que no resulta relevante para su conclusión se considerará que las gestiones se realizan en el marco del trámite ordinario, es decir, en un plazo máximo de 100 días útiles, pudiéndose  extender excepcionalmente por un período de 50 días útiles

 

8.- ¿Qué es un petitorio?

Es la solicitud en la que se requiere una intervención, a manera de buenos oficios, para que se atienda o solucione una situación de indefensión que afecta o amenaza los derechos fundamentales, que no representa un incumplimiento de los deberes de la Administración Pública o de las empresas prestadoras de servicios públicos, pero que éstas pueden atender en ejercicio de sus competencias.

 

9.- ¿En cuanto tiempo se tramita un petitorio?

Las actuaciones defensoriales de mediación de un petitorio se realizan en un plazo máximo de 45 días útiles, pudiéndose ampliar el plazo excepcionalmente por un período de 25 días útiles.

 

10.- ¿Qué es una consulta?

Es toda solicitud de información y consejo sobre asuntos jurídicos, institucionales, de apoyo social o psicológico que no implican la afectación a derechos fundamentales o que versan sobre temas respecto a los que no somos competentes. En estos casos, se brindará orientación sobre las entidades o vías pertinentes a las que se puede acudir para hacer valer los derechos.

Se atiende mediante una orientación en la que se brinda al ciudadano la información requerida y, de resultar pertinente, información sobre las entidades o vías pertinentes a las que podría acudir para hacer valer sus derechos.

 

11.- ¿En cuanto tiempo se tramita una consulta?

Cuando se presentan de manera verbal, las consultas son atendidas al momento de su formulación. Aquellas que sean presentadas por escrito son atendidas de igual forma dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación.

Cuando un caso se presenta a través del formulario virtual, si es consulta se tramita en un plazo máximo de dos días y de calificarse como queja se atiende dentro de los plazos previstos.

 

12.- ¿Dónde quedan las oficinas de la Defensoría del Pueblo y cuál es su horario de atención?

Tenemos 28 oficinas y 10 módulos de atención distribuidos en los departamentos del país. Aquí podrás acceder a la lista de oficinas, sus datos y horarios de atención.

 

13.- ¿La Defensoría del Pueblo cuenta con una línea de emergencia?

Sí. De 4:30 pm a 9:00 am nuestra línea gratuita 0800 15170 atiende casos de emergencia, cuando la vida, la intergridad y la salud de las personas se encuentre en grave riesgo o peligro inminente. Este servicio se brinda todos los días, incluyendo domingos y feriados.

 

14.- ¿Para presentar una queja ante la Defensoría del Pueblo necesito contar con un abogado?

No. Quién presenta la queja es el propio ciudadano. No se requiere la contratación de un abogado, tramitador o apoderado.

 

15.- ¿Las diligencias que realizan los comisionados de la Defensoría del Pueblo para atender los casos tienen algún costo?

Todos nuestros servicios son gratuitos. Las labores, gestiones, diligencias, supervisiones y visitas que los comisionados de la Defensoría del Pueblo efectúan para atender un caso son completamente gratuitos.

 

16.- ¿En qué casos puede intervenir la defensoría del pueblo?

- Niños, niñas y adolescentes

  • Por maltrato a los niños, niñas y adolescentes por parte del personal administrativo o docente de las instituciones educativas o en los centros de atención residencial.
  • Por la omisión de las autoridades educativas para intervenir en los casos de bullying.
  • Por demora en la investigación de los casos de violencia familiar, abuso sexual y/o trata contra niños, niñas y adolescentes.
  • Por demora en la atención por parte del Instituto de Medicina Legal.
  • Por falta de adopción de medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar, abuso sexual y/o trata.
  • Por reclutamiento de menores de edad en las instituciones militares.
  • Por la demora en la investigación de los casos en los que los adolescentes son presuntos infractores de la ley penal.
  • Por la demora en la tramitación de los procedimientos de investigación tutelar.
  • Por la negativa a expedir y/o entregar gratuitamente el certificado de nacido vivo por parte de los establecimientos de salud públicos o privados.
  • Por la negativa a expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento por parte de las oficinas registrales.
  • Por la negativa de las oficinas registrales para inscribir gratuitamente los nacimientos en todas sus modalidades.

 

- Mujeres

  • Por cobros indebidos en los establecimientos del Ministerio de Salud para la entrega y/o aplicación de métodos anticonceptivos aprobados por dicha entidad, atenciones prenatales, posnatales, así como en los servicios de planificación familiar.
  • Por desabastecimiento de métodos anticonceptivos y de pruebas diagnósticas para detectar VIH   y/o sífilis en gestantes y mujeres víctimas de violación sexual en los establecimientos de salud del ministerio de salud.
  • Ante la negativa o demora en la atención del parto. 
  • Ante la negativa o restricción de la atención del parto en posición vertical (siempre que el parto no presente complicaciones)
  • Por falta de atención especializada y multidisciplinaria a mujeres víctimas de violencia en los servicios de salud.
  • En caso la Policía Nacional del Perú se rehúse a recibir las denuncias por violencia.
  • Por demora en la investigación de los casos de violencia contra la mujer.
  • Por demora en la atención por parte del Instituto de Medicina Legal.
  • Ante la falta de adopción de medidas de protección para las victimas de violencia.
  • Por uso irregular de la conciliación en los casos de violencia contra la mujer.
  • Por imposición de penas muy benignas o reparaciones irrisorias en los casos de violencia contra la mujer.
  • Por discriminación y acoso en el ámbito laboral: despido o no renovación del contrato en razón de su gestación.
  • Frente a la no observancia de las condiciones laborales: licencia por maternidad, descanso pre y posnatal.
  • Suspensión o expulsión de las alumnas y/o cadetes de las escuelas técnicas de formación de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú en razón de su embarazo.

 

- Personas con discapacidad

  • Cuando no se respeta el derecho de un estudiante con discapacidad física, visual, auditiva o intelectual (leve o moderada), a recibir una educación inclusiva en una institución educativa regular.
  • Cuando, en razón de la discapacidad, existan problemas de ingreso, permanencia o maltrato en un centro educativo, regular o especial, estatal o privado.
  • Frente a actos de hostilidad por parte de miembros de la comunidad educativa (director, profesores, estudiantes o padres de familia).
  • Cuando los centros educativos, regulares y especiales, no adecuen su currícula, procedimientos de admisión, evaluación e infraestructura a las necesidades de los estudiantes con discapacidad.
  • Ante la falta de colaboración del Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) al centro educativo con alumnos inclusivos.
  • Cuando el ingreso al establecimiento público o privado de uso público sea inaccesible por falta de rampa o rampa deficiente.
  • Cuando no se permita el ingreso a establecimientos públicos o privados de uso público, de personas ciegas con perros guía.
  • Cuando existen restricciones arbitrarias que impiden la obtención del Documento Nacional de Identidad a las personas con discapacidad.
  • Cuando no se otorguen las facilidades para la emisión del voto de las personas con discapacidad en los procesos electorales.
  • Cuando las entidades públicas no cumplan con la obligación de contratar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al 3% de la totalidad de su personal.
  • Cuando no se cumpla con la obligación de otorgar una bonificación del 15% a las personas con discapacidad que participen en concursos para la contratación de personal en el sector público.
  • Cuando la emisión del certificado de discapacidad no se brinda, la primera vez, de manera gratuita.
  • Ante la negativa de las Comisiones Médicas Evaluadoras de Incapacidad de realizar el procedimiento de evaluación médica para determinación de incapacidad para laborar.

 

- Pueblos indígenas

  • Cuando se promulguen leyes, normas y/o reglamentos que tengan incidencia sobre la vida de los pueblos indígenas sin que haya existido un procedimiento de Consulta Previa.
  • Cuando existan barreras que limiten o impidan el acceso al reconocimiento de las comunidades campesinas, nativas o sus organizaciones representativas.
  • Cuando se limite o impida a una persona el uso de su propia lengua (o a través de un intérprete) para expresarse ante cualquier autoridad estatal.
  • Cuando se criminalicen prácticas culturalmente aceptadas por los pueblos indígenas como, por ejemplo, la medicina tradicional.
  • Cuando se impide a las comunidades o pueblos hacer uso de los recursos naturales que se encuentran en sus tierras con fines de subsistencia.
  • Cuando se dilata el trámite de titulación de tierras por responsabilidad de COFOPRI.
  • Cuando se prive arbitrariamente a las comunidades respecto de las tierras que poseen por consecuencia de algún acto administrativo.
  • Cuando se niegue o dilate la inscripción de la resolución de reconocimiento de una comunidad campesina o nativa o de la titulación de una comunidad en los registros públicos.
  • Cuando se produzcan barreras o limitaciones injustificadas para recibir una Educación Intercultural Bilingüe.
  • Cuando se presenten limitaciones o dificultades para la inscripción de personas en el registro civil, por ausencia de campañas de inscripción y entrega de documentos de identidad personal o por ausencia de mecanismos para reconocer el nombre indígena en la inscripción.
  • Cuando se amenace o afecte los derechos a la vida de los miembros de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y/o contacto inicial.

- Personas afectadas por la violencia

La Defensoría del Pueblo interviene para:

  • Supervisar la implementación del Plan Integral de Reparaciones.
  • Supervisar y hacer el seguimiento del proceso de judicialización de graves violaciones a los Derechos Humanos

 

La Defensoría del Pueblo puede intervenir para defender los derechos de los pueblos indígenas en los siguientes casos:

  • Cuando existan barreras que limiten o impidan el acceso al reconocimiento de las comunidades campesinas, nativas o sus organizaciones representativas.
  • Cuando se limite o impida a una persona el uso de su propia lengua (o a través de un intérprete) para expresarse ante cualquier autoridad estatal.
  • Cuando se criminalicen prácticas culturalmente aceptadas por los pueblos indígenas como, por ejemplo, la sanción a los agentes que practican la medicina tradicional.
  • Cuando se promulguen leyes, normas y/o reglamentos que tengan incidencia sobre la vida de los pueblos indígenas sin que haya existido un procedimiento de consulta previa.
  • Cuando se impide a las comunidades o pueblos hacer uso de los recursos naturales que se encuentran en sus tierras con fines de subsistencia.
  • Cuando se dilata el trámite de titulación de tierras por responsabilidad de COFOPRI.
  • Cuando se prive arbitrariamente a las comunidades respecto de las tierras que poseen por consecuencia de algún acto administrativo.
  • Cuando se niegue o dilate la inscripción de la resolución de reconocimiento de una comunidad campesina o nativa o de la titulación de una comunidad en los registros públicos.
  • Cuando se produzcan barreras o limitaciones para recibir una educación intercultural bilingüe.
  • Cuando se presenten limitaciones o dificultades para la inscripción de personas en el registro civil, por ausencia de campañas de inscripción y entrega de documentos de identidad personal o por ausencia de mecanismos para reconocer el nombre indígena en la inscripción.
  • Cuando se amenace o afecte los derechos a la vida de los miembros de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y/o contacto inicial.

 

- Personas afectadas por la violencia (falta)

La Defensoría del Pueblo puede intervenir para defender los derechos de las personas afectadas por la violencia en los siguientes casos:

- Personas privadas de libertad

  • Cuando la persona afectada, un familiar o un tercero nos informe sobre alguna afectación a las condiciones de vida en el interior de los lugares de privación de libertad, que afecten los derechos a la  vida, la integridad, la salud, la educación o el trabajo de los internos.
  • Cuando se afecten otros derechos por decisiones de autoridades: traslados indebidos, inadecuadas clasificaciones penitenciarias, etc.
  • Cuando se produzcan afectaciones al debido proceso.
  • Cuando se tome conocimiento directo de la presunta vulneración de algún derecho en los centros o establecimientos de detención.

 

- Personas que viven con VIH/Sida

  • Cuando se produce el desabastecimiento de insumos o medicamentos empleados en los servicios de prevención, atención o tratamiento de VIH (ej. Condones, pruebas diagnósticas, antirretrovirales, etc.)
  • Cuando no se cumple el procedimiento de consentimiento informado para la realización de la prueba de VIH/Sida.
  • Cuando no se brinda la consejería previa a la realización de la prueba de VIH/Sida.
  • Por incumplimiento del principio de confidencialidad del diagnóstico de personas con VIH/Sida.
  • Cuando se exige una prueba de VIH/Sida como requisito para iniciar o mantener una relación laboral, educativa o social (ej. Para contraer matrimonio civil).
  • Cuando se condicione la atención médica o quirúrgica a la realización de pruebas diagnósticas de la infección por VIH.
  • Por cobros indebidos en establecimientos de salud para la prestación de servicios gratuitos de prevención, atención y tratamiento del VIH (ej. Cobros por carné de atención e historia clínica a usuarios(as) del servicio de atención médica periódica).
  • Cuando se producen actos de estigma y discriminación asociados al VIH/Sida y/o la orientación sexual e identidad de sexo en establecimientos de salud, centros educativos, centros laborales, entre otros.

 

- Pensionistas

  • Cuando no se emite respuesta a la solicitud de pensión; no obstante haber transcurrido el plazo legal de respuesta.
  • Por incumplimiento de pago de pensiones provisionales.
  • Por suspensión inmotivada de pensión.
  • Cuando la resolución que resuelve sobre el derecho a pensión transgrede normas legales.
  • Por demora en resolver recursos impugnatorios.
  • Cuando se dilate la atención de las solicitudes y recursos impugnatorios en los trámites de libre desafiliación.
  • Por demoras en las respuestas en los trámites de bono de reconocimiento.
  • Por retrasos en la obtención de duplicados de documentos.

 

- Migrantes

La Defensoría del Pueblo puede intervenir para defender los derechos de peruanos/as que se encuentran en el exterior como de extranjeros/as que se encuentran en el Perú, en los siguientes casos:

  • Por negativa o demora en la atención de las solicitudes de orientación legal y asistencia humanitaria presentadas ante los consulados peruanos o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ejemplo: en caso hubiera demora en la atención de detenciones arbitrarias.
  • Ante la negativa o restricción en la inscripción de peruanos nacidos en el exterior por parte del consulado peruano de la jurisdicción donde se produjo el nacimiento, o por parte del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil o la Dirección General de Migraciones y Naturalización en el Perú.
  • Ante la negativa o restricción en la inscripción de niños o niñas nacidas en el Perú, que son hijos/as extramatrimoniales de ciudadanos extranjeros (padre, madre o ambos extranjeros).
  • Ante la negativa o restricción en la atención de solicitudes de información por parte de cualquier entidad pública involucrada en el proceso migratorio, que origine la pérdida de la calidad migratoria o la imposibilidad de acceder a beneficios como los contemplados en la Ley de incentivos migratorios.
  • Por falta de convocatoria para la elección de los Consejos de Consulta.
  • Por afectaciones al derecho al sufragio de ciudadanos peruanos en el extranjero, debidamente inscritos en la circunscripción consular y que cuenten con el documento de identidad vigente y con su dirección en el exterior actualizada.
  • Por retención o cancelación arbitraria del DNI, Pasaporte, Carné de Extranjería o documento análogo (ej. Salvoconducto) a un/a ciudadano peruano o ciudadano extranjero en el país.
  • Cuando se dispone la detención de una persona extranjera debido a su condición migratoria irregular.
  • Por actos de discriminación por la nacionalidad de las personas, efectuados por cualquier autoridad peruana.
  • Por problemas durante el procedimiento de repatriación de cadáveres del exterior.

- Vida, integridad y libertades fundamentales

  • Cuando se afecten los derechos a la integridad de personas privadas de libertad en dependencias policiales, establecimientos penitenciarios, entre otros.
  • Cuando se afecte o ponga en riesgo la vida y la integridad de las personas en establecimientos de salud.
  • Ante la inacción o negligencia de las autoridades llamadas a implementar medidas de prevención o remediación frente a la propagación de epidemias o de desastres naturales.
  • Cuando se afecte la integridad de personas que prestan el servicio militar.
  • Frente a detenciones que no se sustenten en un mandato judicial o en una situación de flagrancia delictiva.
  • Cuando exista demora en el traslado de las personas requisitoriadas a la sede de los juzgados que emitieron la orden para su detención.

 

- Salud

  • Por cobros indebidos en la prestación de los servicios de salud, en particular para las personas afiliadas al régimen gratuito del seguro integral de salud (SIS).
  • Por actos de discriminación en particular de poblaciones vulnerables como: personas de escasos recursos, personas con discapacidad, mujeres, personas con VIH/Sida, niños, niñas o adultos mayores.
  • A causa del desabastecimiento o falta de medicamentos y/o insumos que perjudiquen la oportuna atención de salud.
  • Frente a situaciones que afecten la calidad de la atención: tratos inadecuados, falta de información, entre otros.
  • Cuando se niegue al paciente el derecho a obtener copia de su historia clínica, certificados médicos, resultados de análisis, etc.
  • Por problemas de carácter administrativo que generen negativa o demora en el acceso a los servicios de salud, como son los plazos excesivos para la programación de tratamientos (cirugías, terapias, etc.) y la programación de análisis o estudios.
  • Por incumplimiento en la reserva de información relacionada con un acto médico.

 

- Educación

  • Por cobros indebidos que afecten la gratuidad de la educación básica (escolar) pública, ya sea por matrícula, para rendir exámenes, por uniformes, materiales u otros.
  • Por condicionamiento de las notas o calificaciones al cobro de algún pago, la entrega de un bien o la prestación de determinado servicio.
  • Cuando se presenten agresiones contra el alumnado (castigo físico, moral o psicológico).
  • Por inadecuada infraestructura del centro educativo.
  • Por inasistencia injustificada del personal docente.
  • Por no cumplir con el desarrollo de los contenidos del diseño curricular nacional.
  • Por demora injustificada en el inicio del año escolar.
  • Por falta de material educativo.
  • Por restricción a la participación de los padres y madres de familia en el proceso educativo.
  • Cuando se produzcan sanciones a estudiantes que sean injustificadas, desproporcionadas o que no respeten el debido procedimiento.

 

- Servicios públicos y transporte

En materia de servicios públicos supervisamos la prestación de los servicios de agua y alcantarillado, electricidad, telecomunicaciones y transporte de pasajeros. La Defensoría del Pueblo puede intervenir en casos como los siguientes:

  • Por corte o suspensión del servicio por falta de pago si la deuda estuviera en procedimiento de reclamo.
  • Por problemas en la calidad del servicio: interrupciones prolongadas o no programadas o defectos no atendidos por la empresa prestadora del servicio.
  • Por falta de información oportuna y adecuada por parte de la empresa prestadora del servicio, especialmente sobre el procedimiento de reclamos.
  • Cuando la empresa operadora no reciba un reclamo o no brinde una respuesta dentro de los plazos establecidos.
  • Cuando una empresa aseguradora (SOAT) o una AFOCAT no cumpla con la obligación de cubrir gastos médicos de los accidentados o indemnizaciones por daños causados a consecuencia de un accidente de tránsito.

 

- Municipalidades

  • Por no fiscalizar actividades comerciales que generen impactos negativos (contaminación ambiental, problemas de seguridad, ocupación de áreas públicas, etc.).
  • Por no fiscalizar actividades de construcción o demolición que afecten estructuralmente sus viviendas, así como al entorno urbanístico.
  • Cuando no se cumpla con fiscalizar la instalación de elementos de publicidad (paneles, vallas, etc.), elementos de seguridad (rejas) e infraestructura de telecomunicaciones (antenas, etc.)
  • Por no ejecutar resoluciones de sanción impuestas a infractores.
  • Por no cumplir con dar respuesta escrita a las solicitudes y denuncias presentadas por los vecinos en el plazo de 30 días hábiles.
  • Frente a la negativa de las Unidades de Tramite Documentario de recibir solicitudes dentro de el horario y plazo de atención establecidos.
  • Por incumplimiento de los procedimientos previstos (tramite/plazos/SAP) para el otorgamiento de licencias de funcionamiento, licencias de construcción o demolición, entre otros.
  • Por ausencia o deficiencia en la prestación del servicio de limpieza pública, parques o serenazgo.
  • Frente a irregularidades en el inicio y/o trámite de procedimientos de ejecución coactiva.
  • Por irregularidades en la ejecución de programas asistenciales (Vaso de Leche, entre otros)

 

- Descentralización  

  • Por incumplimiento del plazo de 30 días hábiles para dar respuesta escrita de solicitudes y quejas sobre la actuación de funcionarios. Asimismo, negativa por parte de las Unidades de Tramite Documentario de recibir escritos.
  • Incumplimiento del deber de observar el debido procedimiento al motivar decisiones o resoluciones, al resolver las impugnaciones (reconsideración/apelación), entre otros.
  • Incumplimiento del deber de impulsar por sí misma todos aquellos mecanismos legales para la ejecución de las resoluciones emitidas.
  • Por abuso de funciones o mal uso de bienes del Estado para beneficio personal.
  • Por irregularidades en la ejecución de los fondos y los programas sociales.

 

- Medio ambiente

  • Cuando las entidades municipales incumplan sus funciones de prevención de la contaminación sonora, en el manejo de los residuos sólidos y de las aguas residuales, así como en la gestión de los parques y las áreas verdes.
  • En casos de tala y comercio ilegal de productos maderables y no maderables.
  • Por casos de aprovechamiento no autorizado de recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas.
  • Por episodios de contaminación ambiental, tales como derrames de hidrocarburos y contaminación del agua.
  • Por incumplimiento de las funciones de fiscalización de las entidades gubernamentales a las actividades productivas y de extracción de recursos naturales.
  • Cuando no se respeten los mecanismos de participación ciudadana, en el marco de las evaluaciones de impacto ambiental (audiencias públicas).
  • Por asuntos derivados de la supervisión de las entidades gubernamentales que aprueban las evaluaciones de impacto ambiental.

 

- Conflictos sociales

La Defensor&iacute;a puede intervenir para garantizar los derechos de los ciudadanos en el <strong>marco de un conflicto social </strong>en los siguientes casos:

  • Cuando se desestimula una cultura de paz y diálogo.
  • Cuando se solicita su intermediación o interposición de buenos oficios.
  • Cuando se pide su presencia en mesas de diálogo o comisiones de alto nivel.
  • Cuando se producen hechos violentos o medidas de fuerza extrema, realizando acciones humanitarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la salud; verificando la situación de personas heridas y detenidas.
  • En la fase crítica de un conflicto supervisando la función policial, fiscal y judicial.
  • Frente a la necesidad de facilitar el acceso a la información a los actores de un conflicto social.

 

- Seguridad ciudadana

Cuando se advierte la inoperancia de los comités de seguridad ciudadana por:

  • Falta de conformación del Comité Regional, Provincial o Distrital de Seguridad Ciudadana.
  • Falta de elaboración de los planes de seguridad ciuddana.
  • Cuando se toma conocimiento de la inacción de las autoridades frente a problemas de seguridad ciudadana.

 

- Discriminación

  • Por actos de discriminación cometidos por servidores públicos, particularmente, en el sector educativo o los servicios de salud.
  • Cuando las instituciones educativas no acepten la matrícula de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
  • Cuando se limite o impida a una persona el uso de su propia lengua (o mediante un intérprete) para expresarse ante cualquier autoridad estatal.
  • Cuando se limite o impida a una persona la oportunidad de acceder a un empleo sin causa razonable.
  • Por actos de discriminación durante la relación laboral o como causa injustificada para la extinción de la relación laboral (p.e. despido por embarazo o no renovación del contrato por embarazo).
  • Por actos de discriminación hacia personas de escasos recursos, mujeres, personas con VIH/Sida, adultos mayores, pueblos indígenas o en razón de su orientación sexual en los establecimientos de salud.

 

- Acceso a la justicia

  • Cuando la comisaría u otra unidad policial se niegue a recibir una denuncia.
  • Cuando exista retardo injustificado en la tramitación de una denuncia o en una investigación por parte de la Policía Nacional del Perú y/o del Ministerio Público.
  • Cuando exista retardo injustificado en la tramitación de un proceso judicial.
  • Cuando alguna entidad del Estado incumple una sentencia.

 

- Prevención de la corrupción

La Defensoría del Pueblo interviene para buscar que cese la afectación o procurar la reposición de los derechos vulnerados por la corrupción, así como para prevenir que casos de mal uso del poder público se conviertan en corrupción. Sin perjuicio de ponerlas en conocimiento de otras instituciones, también competentes, la Defensoría del Pueblo puede intervenir en los siguientes casos:

  • Por falta de transparencia o frente a irregularidades en los procesos de admisión, contratación, nombramiento y evaluación de servidores y funcionarios públicos así como de otras personas ligadas a la función pública.
  • Por falta de transparencia o irregularidades en los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios en instituciones públicas y empresas del Estado o cuando las operaciones se efectúan con recursos públicos.
  • Por cobros u otros condicionamientos ilegales, arbitrarios, injustificados o indebidos para acceder a los servicios públicos y a la información pública.
  • Por cobros arbitrarios, excesivos, ilegales, injustificados o indebidos por concepto de tributos.
  • Cuando se produzcan irregularidades en la ejecución de los programas sociales del Estado.
  • Por 'venta de notas' en instituciones educativas escolares o superiores.
  • Por actuaciones realizadas por operadores del Sistema de Justicia dirigidas a obtener ventajas o el beneficio personal o de terceros.
  • Por condicionamientos para recibir denuncias en el Ministerio Público y la Policía Nacional o demandas en el Poder Judicial.

 

- Transparencia y acceso a la información pública

La defensoría del pueblo atiende casos de presunta vulneración al principio de transparencia, al derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Por ejemplo, en los siguientes casos:

  • Por falta de convocatoria de audiencias públicas de rendición de cuentas.
  • Cuando se exijan requisitos ilegales, arbitrarios, injustificados o indebidos para acceder a la información pública.
  • Ante la negativa injustificada para atender una Solicitud de Acceso a la Información Pública o ante el incumplimiento del plazo legal para la entrega de dicha información.

 

- Identidad

  • Por demora o negativa en la rectificación por errores u omisiones en los certificados de nacido vivo, partidas de nacimiento o Documento Nacional de Identidad.
  • Por falta de información por parte de las instituciones de salud, oficinas de registro civil o Reniec sobre los procedimientos a su cargo.
  • Por exigencia de requisitos no contemplados en la Ley para obtener certificados de nacido vivo, partidas de nacimiento o el Documento Nacional de Identidad.
  • Frente a la negativa de expedir y/o entregar gratuitamente el Certificado de Nacido Vivo por parte de los establecimientos de salud públicos o privados.
  • Por negativa de las oficinas registrales para inscribir gratuitamente los nacimientos en todas sus modalidades.
  • Por negativa de las oficinas registrales de expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento por parte

17.- En qué casos no intervenimos

Por regla la Defensoría brinda orientación a los ciudadanos a través de su servicio de consultas, sin embargo no tenemos competencia para intervenir en los siguientes casos:

  1. Para influir en la decisión judicial respecto de causas sometidas a un proceso de cualquier índole (penal, civil, de ejecución coactiva, de familia, etc.)
  2. Para modificar decisiones de las instituciones públicas cuando los ciudadanos no han hecho uso de los recursos impugnativos en los plazos previstos, es decir, no suspende o prorroga plazos legales previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo General y en los TUPA de las instituciones.
  3. No anulamos o modificamos las decisiones de las empresas prestadoras de servicios domiciliaros (agua y desagüe, luz y telefonía) cuando  sus decisiones están debidamente motivadas y fundamentadas de acuerdo al consumo efectuado.
  4. No intervenimos en asuntos privados vinculados con préstamos, contratos de compra-venta, hipotecas, operaciones con el sistema financiero o bancario, comercio en general, o problemas de relación entre particulares (entre vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etc.).
  5. No postergamos ni cancelamos la ejecución de medidas judiciales como embargos, lanzamientos, desalojos.
  6. No gestionamos citas con funcionarios públicos para las audiencias con los ciudadanos; los funcionarios de la Defensoría sostienen entrevistas sólo en el marco de las casos calificados como quejas o petitorios.
  7. No nos pronunciamos ni intervenimos en asuntos de carácter político-partidario.
  8. No intervenimos en la defensa legal de causas que cuentan con el patrocionio de abogados o estudios jurídicos, particularmente en aquellos casos que no tengan restricciones para utilizar los mecanismos legales para su defensa y cuentan con el debido proceso.

 

Enlaces de Interés

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