Incumplimiento de compromisos, barrera para encauzar los conflictos socioambientales

Incumplimiento de compromisos, barrera para encauzar los conflictos socioambientales


El conflicto social es un proceso complejo en el que el Estado, la sociedad y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades están contrapuestos. Entre ellos, los conflictos socioambientales son uno de los tipos de conflicto cuya dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Del cruce de ambos conceptos, podemos afirmar que no resulta extraño que ocurran estos desencuentros y que debemos contribuir cada uno de nosotros desde nuestras responsabilidades y competencias a encaminarlos mediante el diálogo y la institucionalidad para que no deriven en violencia. Sin embargo, el incumplimiento de los acuerdos viene a ser un  elemento que impide cumplir con este objetivo.

El Reporte N° 123 de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo señala que durante el mes de mayo de 2014 se registraron 212 conflictos sociales en el Perú, de los cuales 135 ─es decir, el 63,7%─  están referidos a conflictos socioambientales y el 74,1%  de estos vinculados a actividades mineras. En relación a este tipo de conflicto podemos decir que las regiones Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Cajamarca son  las que tienen más empresas extractivas con problemas de conflictos sociales en sus jurisdicciones. Las causas de estos conflictos las podemos concentrar en tres grandes grupos, a decir de incumplimiento de compromisos, problemas ambientales y sociales, y rechazo al inicio de la actividad.

En relación al incumplimiento de compromisos, cabe precisar que estos representan el 18% del total de demandas expresadas en los conflictos socioambientales y que estos se presentan luego que las empresas, en un proceso de diálogo o en el trato directo, aceptan atender demandas de la población referidas a aportes económicos para el desarrollo local (compensaciones), inversión en proyectos de desarrollo social ─salud, educación, capacitaciones, etc.), inversión en proyectos de infraestructura y desarrollo productivo (proyectos productivos),  remediación de pasivos ambientales, apoyo al desarrollo de empresa comunal, generación de empleo local y monitoreo ambiental participativo. El porcentaje mencionado debe ser tomado en cuenta en la dimensión que corresponde y sobre todo propiciar una reflexión en el sector privado, pues se encuentra básicamente entre sus competencias el poder atenderlos.

El no implementar los acuerdos tal como se acordó en una mesa de diálogo o en el trato directo, desalienta la confianza en este mecanismo y afecta la credibilidad de las instituciones involucradas en el proceso. Este tipo de actuaciones generan además del rechazo de la población una sensación de desprotección y desamparo, propiciando -en algunos casos- la aparición de sectores radicales que apuestan por la violencia, que es un estado del conflicto al cual nunca deberíamos llegar.

Porfirio Barrenechea Cárdenas

Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad